Un trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay obtuvo una "Mención Honorífica" en las Primeras Jornadas de Planificación organizadas por el ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
El documento fue elaborado por los integrantes de la Cátedra, Arq. Esp. Graciela Falivene, Arq. Patricia Costa, y Arq. José Antonio Artusi, con la colaboración de los estudiantes avanzados Guillermo Arrejoría y Roxana González. En representación de la Cátedra, la Arq. Graciela Falivene expuso el trabajo - sobre "Aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social" - en el marco de las Jornadas que tuvieron lugar en Santiago de Chile pasado día 23 de Abril.
El trabajo "tuvo una evaluación sobresaliente por parte del Comité Académico, tanto por la calidad como por la originalidad de la investigación". El trabajo expone los avances en el marco de un proyecto de investigación denominado: “Los conceptos de sostenibilidad urbana aplicados a la Producción y Evaluación de la vivienda social”, articulando con los Seminarios sobre “Una visión urbana de la vivienda social. Hacia la construcción de indicadores de sostenibilidad”. El objetivo general es optimizar la inversión pública en vivienda social para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Concepción del Uruguay, a partir de la aplicación de los conceptos de Sostenibilidad Urbana a la evaluación y mejora de las intervenciones en vivienda social existente y de la elaboración de recomendaciones para su diseño, ejecución y gestión. En la caracterización de la ciudad se sostiene en el texto que "Concepción del Uruguay se presenta como un territorio con una peligrosa tendencia a la consolidación de patrones de segregación social urbana hasta hace poco desconocidos en nuestro medio. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, que no encuentran en las políticas públicas una respuesta efectiva a las demandas de vivienda digna, hábitat adecuado para el desarrollo humano y en general al derecho a la ciudad, genera un peligroso caldo de cultivo que deslegitima el potencial de la planificación y gestión urbana colectiva y termina naturalizando una especie de “sálvese quien pueda”, frente al cual prácticamente cualquier intervención, por pequeña que sea, termina siendo una concesión graciosa del poder, y que por ende termina reforzando relaciones clientelares de dominación."
Un punto que se destaca en la investigación es "el relativo a la cuestión de la vivienda, caracterizada por la combinación de patrones diversos de localización residencial, en función la estratificación socio-económica. Así, por un lado, vastos sectores marginados del empleo formal y/o de ingresos suficientes para acceder al suelo propio a través de los mecanismos del mercado recurren a la práctica usual en las ciudades latinoamericanas en estos casos, la urbanización popular, ocupando de manera irregular terrenos fiscales o privados y construyendo con su propio esfuerzo las viviendas y hasta podríamos decir el hábitat. Por otro lado, el Estado favorece procesos de segregación residencial a través de la construcción de viviendas en conjuntos generalmente mal localizados, cada vez en áreas más periféricas y menos consolidadas, privadas de servicios públicos y equipamiento comunitario adecuados, alejados de toda centralidad urbana, como consecuencia de la primacía de intereses privados vinculados a la construcción y a la especulación inmobiliaria en la determinación de la provisión del suelo para estos conjuntos."
Un aspecto llamativo que destaca el trabajo es "que la expansión hacia áreas periféricas y la expansión descontrolada, que el propio Estado favorece, no se compadece con la presencia de una importante cantidad de superficie de suelo vacante en el área consolidada, expresión evidente de la especulación inmobiliaria, que sin embargo aparece invisibilizada, naturalizada por la opinión pública, como si fuera una consecuencia legítima e inevitable del derecho de propiedad, a pesar del reconocimiento constitucional de su función social en la reforma del 2008."La aplicación de los indicadores se realizó en una muestra de 12 casos, de un total de 64 conjuntos de vivienda social. Para el estudio se consideró la superficie del conjunto y la superficie de la malla de referencia entre 200 y 400 mts. de lado, esto permite ampliar el análisis al entorno inmediato de los conjuntos de viviendas. Al analizar los casos seleccionados se puede observar que la mayoría de los indicadores no verifican, definiendo sectores caracterizados por procesos de segregación residencial/urbana y exclusión social.
En las recomendaciones se enfatiza "la necesidad de poner en marcha políticas intersectoriales, que hagan foco en los procesos de construcción social del hábitat y en la promoción del conjunto de derechos contenidos en el derecho a la ciudad, más que en soluciones sectoriales reducidas a la provisión de un techo. Es imperioso a su vez evaluar con sentido crítico los programas del IAPV, sacando a la luz las auditorías del FONAVI y sumando evaluaciones locales con participación ciudadana y del mundo académico, evitando que las propias acciones del Estado contribuyan a perversos procesos de segregación residencial y estigmatización de los sectores populares", y que "la vivienda debe, para no caer aceleradamente en déficit, tener un espacio adecuado, los servicios apropiados, la accesibilidad, la seguridad, la privacidad, y las posibilidades de interacción comunitaria que sean requeridas para que esto suceda. Los indicadores urbanos son una buena herramienta para planificar y rediseñar intervenciones públicas en viviendas, ya que permiten tener una visión urbana multidimensional e integradora".-
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