POSICIÓN DE LA CÁTEDRA CON RESPECTO A LA REVISIÓN DEL PECU

Concepción del Uruguay, Abril de 2010.-
Señores
Consejo de Revisión del
Plan Estratégico de Concepción del Uruguay
S / D
Los abajo firmantes, docentes de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay, nos sentimos en la obligación de dirigirnos a ustedes para plantear nuestra posición con respecto a la convocatoria para participar en la reformulación del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay.

En primer lugar manifestamos que se debería haber previsto la participación de la comunidad desde el inicio, colaborando en la enunciación de los propósitos y estableciendo, sobre todo, reglas claras de funcionamiento, para lo cual es preciso acordar una metodología de trabajo participativa, a partir de un estudio profundo de los actores sociales que han acompañado históricamente los procesos de planificación y gestión locales y quienes están cumpliendo actualmente roles significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de la población uruguayense. Además, debería haber un compromiso cierto acerca de la continuidad del proceso a través de su institucionalización y de una articulación efectiva entre el plan y las estructuras de gestión del municipio como coordinador y garante de su realización.
En segundo lugar no entendemos cómo se puede reformular o revisar aquello que nunca fue puesto en marcha. Tal como se plantea en el documento, existe una gran confusión entre el Plan Estratégico y el Código de Ordenamiento Urbano, que es solo una de las respuestas al 4º eje estratégico; por lo tanto lo que fue consensuado en el PECU, con la coordinación del Arq. Alfredo Garay, al no haber sido aplicado no es sencillo de evaluar; y por lo tanto requiere una acción coordinada, interdisciplinaria e interinstitucional, con instancias de debate que no pueden de ninguna manera agotarse en uno o dos meses de trabajo en el marco de talleres.
Pero además el Código de Ordenamiento Urbano, como norma administrativa, sin un plan de desarrollo territorial que le de coherencia y sentido, está sometido a continuas reformas aisladas y excepciones, que lo convierten en una herramienta inadecuada por su falta de transparencia para orientar y ordenar el crecimiento y la expansión de la ciudad. Frecuentemente se resalta su carácter restrictivo, y evidentemente en parte lo puede ser, pero debe quedar claro que el caos urbanístico y la expansión descontrolada – muchas veces fomentada desde el propio Estado – no pueden atribuirse al Código sino en todo caso a la ausencia de un plan y de una política de gestión del suelo urbano que lo movilice, recupere terrenos ociosos, y evite que la especulación inmobiliaria repercuta negativamente en las posibilidades de brindar una mejor calidad de vida a todos los uruguayenses.
A la falta de compromiso de los actores políticos y sociales para la aplicación de los Ejes Estratégicos del PECU debe agregarse que han surgido en los últimos tiempos iniciativas presentadas por organismos provinciales y/o del sector privado, que no sólo no registran el más mínimo antecedente en planes anteriores ni responden a demandas de ningún actor social, sino que colisionan frontalmente con líneas de acción previstas en el PECU. Así, por sólo citar un ejemplo, el Eje Estratégico 4 del PECU consistía en “implementar un plan urbanístico para la ciudad de Concepción del Uruguay”. La primer línea de acción proponía “la puesta en funcionamiento de nuevos mecanismos de gestión del desarrollo urbano, que garanticen su consistencia técnica, la participación ciudadana, la construcción de los consensos, la implementación de los programas y la continuidad de los planes más allá de la alternancia de los partidos políticos en el ejercicio del poder”. Dentro de esta línea de acción figuraba la creación de la oficina del plan, de modo tal de garantizar la institucionalización permanente del proceso de planificación, algo que obviamente sigue esperando ser realidad luego de 12 años, aunque el Municipio cuenta con una herramienta como el Sistema de Información Geográfica, que permitiría tener actualizado el estado de situación del Plan, en el día a día. Otra línea de acción dentro de este eje estratégico se refería a las “grandes intervenciones de urbanismo”. Uno de los puntos previstos era el llamado a concurso de proyectos para la remodelación del Mercado Municipal, iniciativa sobre la que no sólo no se avanzó sino que se desechó a favor de su cesión por 50 años a un grupo empresario, en el marco de un proceso situado en las antípodas de la consistencia técnica, la participación ciudadana, y la construcción de consensos.
Un factor negativo que genera desconfianza y plantea una suerte de divorcio entre la teoría de la planificación y la realidad concreta de la gestión urbana es la virtual “privatización” del rol planificador del Estado municipal configurado en la toma de decisiones trascendentes vinculadas a la localización de grandes equipamientos, en el marco de la ordenanza de “iniciativa privada”, sin estar articulado en un plan de desarrollo territorial.
Los ciudadanos uruguayenses tienen derecho a tener un equipo local de planificación que trabaje de manera permanente y no ser solamente convocados por consultores externos en períodos acotados que producen documentos de difícil articulación con la gestión, porque los procesos de gestión vinculados a los objetivos planteados deben ser asumidos por actores que no están preparados o que no están habilitados para ello.
Desde esta cátedra consideramos imprescindible la participación social amplia y permanente en este tipo de procesos. Pero sucede que al no contar con marcos de institucionalización del proceso de planificación previamente acordados, se corre el riesgo de caer en una tergiversación de los aportes de los actores sociales, que por lo tanto en algunos casos se retiran del proceso o en otros directamente desconocen de qué se trata. Son numerosos los sectores que perciben que en tanto y en cuanto participen, sin reglas de juego claramente establecidas y aceptadas, quedará instituido que su sola presencia se podrá interpretar como un aval a definiciones sobre las que hace falta un profundo debate.
Resulta imprescindible priorizar el inicio de un “proceso” continuo de planificación, y debe dejarse a un lado la idea que señala que el “producto” de esta instancia será una “cartera de proyectos”, término que de por sí genera el resquemor acerca de la previsible intención de legitimar un conjunto de iniciativas que configuran claros ejemplos de antiplanificación,. En ese sentido, tal cómo se expresa en el Documento de Hábitat publicado en el blog de la revisión del PECU 2010, “es necesario pensar tanto en términos de “productos” (políticas revisadas, borradores de leyes, sistemas de información del suelo, etc.) y “procesos” (cómo obtener los acuerdos necesarios para llegar a estos productos). La política perfecta o la solución técnica perfecta es inútil si las diferentes partes interesadas no están convencidas, y es muy probable que la rechacen si no han estado involucradas desde el inicio del proceso”. A lo que deberíamos agregar la necesidad de revertir la indefinición acerca de cómo se van a implementar las acciones acordadas en el día a día de la gestión cotidiana.
Consideramos importante que nuestra cooperación no se constituya como un hecho discordante, cuando no contradictorio, con nuestra responsabilidad en la formación de arquitectos urbanistas y planificadores, y con nuestra prédica de siempre a favor de una práctica genuina de planificación participativa.
Atentamente
Arq. José Antonio Artusi Arq. Patricia Costa Arq. Pur. Graciela Falivene